Propuesta Kast: Menos del 1.5% de los ESTUDIANTES pasa los 30 AÑOS

Gobierno anuncia cambios a la gratuidad en educación superior en marco del Plan Nacional de Reconstrucción

Durante el fin de semana, el Presidente José Antonio Kast anunció el Plan Nacional de Reconstrucción, una iniciativa que contempla el envío de un proyecto de ley con 40 medidas orientadas, entre otros objetivos, a enfrentar el déficit fiscal que —según el Ejecutivo— fue heredado de la administración de Gabriel Boric. En este contexto, el plan incluye un proyecto de ley con 40 medidas para enfrentar el déficit fiscal, marcando el inicio de una serie de reformas.

Dentro de este paquete, destacan tres medidas que apuntan a modificar el sistema de gratuidad en la educación superior. Entre ellas, se propone frenar la expansión del beneficio a nuevos deciles de ingresos —actualmente cubre al 60% más vulnerable—, establecer una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema, y limitar el acceso a la gratuidad para estudiantes mayores de 30 años en carreras universitarias, lo que ha generado debate.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó en entrevista con Canal 13 que quienes actualmente cuentan con gratuidad no perderán el beneficio. “La restricción aplicará solo a quienes postulen en el futuro con más de 30 años, una vez que la iniciativa sea ley”, señaló. Además, precisó que la medida no será retroactiva y no afectará a estudiantes de carreras técnicas, quienes seguirán accediendo al beneficio.

De acuerdo con datos oficiales de 2025, existen 25.839 estudiantes que accedieron a la gratuidad con más de 30 años en alguna de las 68 instituciones adscritas al sistema. De ellos, 17.065 cursan estudios en institutos profesionales y 8.774 en universidades, grupo que se vería directamente impactado por la medida, al quedar fuera del beneficio en el futuro.

En esa línea, se destaca que los universitarios sobre los 30 años con gratuidad representan solo el 1,43% del total de estudiantes con el beneficio, lo que ha sido uno de los principales argumentos del Ejecutivo para impulsar esta modificación.

Desde el gobierno aclararon que estas medidas no son completamente nuevas, sino que se basan en recomendaciones de una comisión asesora convocada en 2025 por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos. Esta instancia elaboró 34 propuestas tras cuatro meses de trabajo, incluyendo sugerencias para mejorar la focalización del beneficio, incorporar criterios de edad y ajustar su expansión, buscando mayor eficiencia del gasto público.

La comisión estuvo integrada por expertos como Sergio Granados, Matías Acevedo, María José Abud, Osvaldo Larrañaga y Paula Darville, reuniendo a exautoridades y especialistas en políticas públicas de distintos sectores, lo que dio sustento técnico a las propuestas.

Tras el anuncio, surgieron también interpretaciones erróneas desde el ámbito político. El diputado Benjamín Moreno cuestionó el sistema en redes sociales, sugiriendo que la gratuidad podría extenderse indefinidamente. Sin embargo, la normativa vigente establece que el beneficio cubre únicamente la duración formal de las carreras, que en el caso universitario suele ser de cinco años.

Una vez superado ese plazo, los estudiantes pierden la gratuidad y deben financiar el resto de sus estudios, aunque las instituciones tienen la obligación de cobrar como máximo el 50% del arancel. Según cifras oficiales, más de 70 mil personas han perdido el beneficio por exceder la duración formal de sus carreras, lo que evidencia las limitaciones del sistema actual.

El proyecto de ley aún debe iniciar su tramitación en el Congreso, donde se anticipa un amplio debate respecto al alcance de estas medidas y su impacto en el acceso a la educación superior, ya que la iniciativa deberá ser discutida en detalle antes de su eventual aprobación.