CONTRALORÍA detecta PAGOS IRREGULARES de SUBSIDIOS de ARRIENDO a 168 personas FALLECIDAS
La Contraloría General de la República (CGR) detectó pagos de subsidios de arriendo a 168 personas fallecidas, además de otros casos en que beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos por el programa.
De acuerdo con una auditoría financiera, las irregularidades superan los $239 millones, situación que derivó en instrucciones para regularizar los recursos involucrados y en procedimientos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La fiscalización se realizó al Programa de Integración Urbana de Campamentos, iniciativa administrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutada por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo junto con los Serviu regionales.
La investigación consideró la entrega de subsidios de arriendo realizada entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026. En su Informe N° 314, el organismo contralor identificó que 168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos.
Uno de los principales hallazgos corresponde a la demora en la regularización de los contratos asociados a estos casos. Según la auditoría, la Subsecretaría de Vivienda tardó hasta 1.133 días en regularizar algunos contratos, generando un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.
A estas situaciones se sumaron 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una condición incompatible con los requisitos del programa. Los pagos realizados en estos casos alcanzaron un total de $14.405.016.
Asimismo, la Contraloría detectó que dos personas continuaron recibiendo el subsidio pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024. Los desembolsos asociados a estas situaciones sumaron $3.539.119.
Ante los hallazgos, el organismo de control instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la totalidad de los gastos vinculados a beneficiarios que no cumplían las condiciones exigidas para acceder al beneficio.
Finalmente, la entidad deberá concluir el procedimiento disciplinario iniciado, con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran estar involucrados en las irregularidades detectadas durante la auditoría.
Fuente: amigospenquistas.cl
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