Tras años de estancamiento, el transporte público en las comunas de Lota y Coronel —junto a Concepción y Talcahuano— está a punto de experimentar una transformación radical. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) publicó las bases de licitación para un nuevo sistema que promete modernización, mayor conectividad y flota eléctrica, pero que, según operadores históricos de la zona, amenaza con excluirlos del proceso por falta de capacidad financiera para competir.

El plan contempla la incorporación de 80 buses de alto estándar: 50 eléctricos para los recorridos Lota–Concepción y Lota–Talcahuano, y 30 diésel para el tramo Colcura–Concepción. Estos vehículos deberán cumplir con exigencias técnicas como cámaras de seguridad, GPS, aire acondicionado, wifi, cargadores USB, accesibilidad universal, sensores de puntos ciegos y validadores electrónicos. Además, quedarán bajo la figura de “bienes afectos” de la Ley 18.696, lo que implica que solo podrán usarse para este servicio y estarán supervisados directamente por el MTT.

En lo financiero, los interesados deben constituir sociedades en Chile con capital mínimo pagado de 16.400 UF (unos $647 millones) para los servicios eléctricos y 6.700 UF (cerca de $264 millones) para los diésel, además de presentar garantías de hasta 3.200 UF. El contrato tendrá una duración inicial de 96 meses, renovable por dos años más, y se financiará mediante la tarifa de los usuarios más un subsidio estatal anual de hasta $9.213 millones, reajustable.

El cronograma prevé que las bases estén disponibles hasta el 30 de septiembre, con cierre de consultas el 14 de octubre, respuestas el 12 de noviembre y presentación de ofertas entre esa fecha y el 3 de diciembre. La apertura técnica será el 3 de diciembre y la económica el 19 de enero de 2026. La adjudicación se espera en el primer trimestre de ese año, con inicio de operaciones en el último trimestre.

Los buses actuales serán redistribuidos para reforzar servicios urbanos y rurales en las provincias de Concepción y Arauco.

Operadores locales: sin margen para competir

Para las empresas que han sostenido el transporte en Lota y Coronel por décadas, la licitación representa una amenaza directa a su supervivencia. Gaspar Guzmán, representante legal de Expresos del Carbón, afirmó que no existe posibilidad real de participación bajo las condiciones actuales. “Estamos hablando de casi 150 buses que tendrán que retirarse una vez entren los nuevos”, señaló, calificando la medida como un “borrón y cuenta nueva” que ignora la trayectoria de los prestadores locales.

Guzmán advirtió que muchos propietarios adquirieron vehículos recientemente y hoy enfrentan deudas bancarias. “El 50% de los prestadores tiene deudas con el banco. Estas máquinas no podrán integrarse al nuevo sistema y deberán venderse, lo que implica un daño económico directo, pérdida de empleos y quiebre de emprendimientos”, sostuvo. Reconoció que algunos están evaluando acciones legales, aunque con pocas expectativas de éxito.

José Beltrán, de la línea Playa Blanca, coincidió en que las exigencias financieras y técnicas favorecen a grandes empresas con respaldo de capital, dejando en desventaja a los operadores locales —muchos de ellos exmineros del carbón y sus familias— que carecen de estructura corporativa o acceso a créditos millonarios. “La autoridad dice que conocemos el territorio y que tenemos ventaja, pero la desigualdad es abismal”, afirmó.

Beltrán recordó que en otras comunas, como Tomé, se permitió una transición gradual con renovación progresiva de flota. “Estamos de acuerdo con la modernización, con buses eléctricos, pero también se debe reconocer a quienes hemos sostenido este servicio por años”, señaló. Alertó que, de no mediar cambios, el proceso podría significar la desaparición del transporte local y el desempleo de conductores y trabajadores vinculados.

Daniel Rivera, de Sotral S.A., fue aún más contundente: “El capital exigido es inalcanzable. Antes, un bus costaba 50 o 60 millones; era difícil, pero posible. Hoy se habla de cifras que ningún banco prestará a pequeñas empresas que han vivido de su esfuerzo”. Criticó la ausencia de plazos transitorios y acusó que la licitación responde a intereses políticos más que técnicos. “Perfectamente podían haber esperado hasta fin de año para conversar mejor con los actores locales”, dijo.

Autoridades: optimismo frente a la transformación

Desde la Seremi de Transportes del Biobío, se indicó que se están recopilando antecedentes para evaluar posibles ajustes si no aparecen oferentes locales que cumplan con los requisitos. Una respuesta oficial se esperaría en breve.

En contraste, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, celebró la licitación como un hito histórico. “Han pasado más de 30 años para que el sur del Biobío, el último territorio sin transporte licitado, finalmente acceda a este sistema”, afirmó. Destacó los beneficios de la electromovilidad: reducción de emisiones, mejora en la calidad del servicio y generación de empleos regulados.

Chamorro minimizó el impacto negativo sobre la flota actual y enfatizó que el nuevo modelo creará puestos de trabajo con mejores condiciones laborales. “Esperamos que muchos conductores, incluidas jefas de hogar, puedan integrarse a este sistema formalizado”, señaló. Hizo un llamado a los operadores actuales a no marginarse y a participar del proceso: “Ojalá postulen y sean parte, para que tengamos un servicio seguro, de calidad y digno”.

Un cruce de visiones

Mientras el Estado apuesta por una modernización integral del transporte en el sur del Biobío, los operadores locales ven en la licitación una puerta cerrada a su continuidad. El desafío, en las próximas semanas, será conciliar la urgencia de avanzar en infraestructura y sostenibilidad con la necesidad de proteger a quienes, durante décadas, mantuvieron en pie un sistema que hoy se reemplazará de raíz.