Mientras un grupo de trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil realizaba una manifestación en Concepción, la tensión estallaba en otro punto de la región.
Horas después de esa protesta, el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel se convirtió en el escenario de una brutal pelea que dejó como saldo un adolescente herido por un arma cortopunzante y una educadora agredida en medio del caos.
Aunque las razones exactas del enfrentamiento aún son materia de investigación, así como los pormenores de cómo se desarrollaron los hechos, lo que se sabe es que un grupo indeterminado de jóvenes internos se enfrentó utilizando armas blancas de fabricación casera. En el fragor de la refriega, una funcionaria intentó intervenir para separar a los involucrados, pero terminó siendo violentamente golpeada. Por su parte, uno de los dos adolescentes implicados directamente sufrió lesiones de carácter leve y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San José de Coronel.
El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la región del Bío Bío, Raúl Fuentealba, entregó más detalles sobre el origen del conflicto. Según su relato, todo se habría desencadenado a raíz de un allanamiento previo realizado por personal de Gendarmería en uno de los módulos del recinto. «En una casa determinada, donde estaban los jóvenes imputados, tras ese procedimiento se les incautó un elemento punzante. Fue entonces cuando intentaron atacar a otro menor y la tutora a cargo se interpuso», explicó.
El dirigente añadió que la trabajadora «salió igual lesionada porque, en su intento por agredir al otro joven, la empujaron y cayó, golpeándose el pecho y la espalda. Si no hubiera sido por su rápida acción, hoy estaríamos hablando de una tragedia de mayores proporciones».
Por su parte, Gendarmería confirmó la realización del allanamiento durante la tarde del martes, pero evitó entregar declaraciones sobre el episodio de violencia posterior.
Cabe recordar que este incidente ocurrió solo unas horas después de que los propios funcionarios del centro realizaran una movilización para visibilizar sus demandas. En ese contexto, la directora regional (s) del Servicio, Glenda Alarcón, respondió a las críticas gremiales asegurando que ya se han destinado $600 millones para mejorar las instalaciones del CIP coronelino, y que en los próximos días se renovará todo el sistema de cámaras de seguridad con una inversión adicional de $300 millones. Estas medidas, afirmó, se suman a un plan para abordar la creciente violencia ejercida por los menores privados de libertad.
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